Las empresas del Estado y su tratamiento dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

SERVIR

El 22 de octubre de 2018, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil absuelve, a través del informe técnico N° 1574-2018-SERVIR/GPGSC, las consultas realizadas por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.

Ante ello, se extraen las siguientes interrogantes y respuestas del contenido del informe técnico:

¿Las empresas del Estado están sujetas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos?

Al respecto, el presente informe precisa que las empresas del Estado que forman parte de las entidades públicas son incluidas en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humano, por lo que están sujetas a la Ley Marco del Empleo Público – Ley N° 28175.

¿Es aplicable los supuestos normativos de la Ley del Servicio Civil a los trabajadores de las empresas del Estado?

Solo es aplicable, de manera supletoria, determinados dispositivos normativos de la Ley del Servicio Civil a los trabajadores que forman parte de las empresas del Estados, ellos son:

  • Los Principios de la Ley de Servicio Civil, regulado por el artículo III del Título Preliminar.
  • La Organización del Servicio Civil, amparado en el Título II.
  • El Régimen Disciplinario y Procedimientos Administrativo Sancionador, regulado en el Título V.

¿Qué supuestos son necesarios para el ingreso al sector público tanto bajo el régimen laboral público como privado?

Se precisa que los supuestos necesarios para la incorporación de personal en el sector público, tanto en el régimen laboral público como en el privado, son: i) La definición de una plaza o vacante de duración indeterminada; ii) La necesidad de que dicha plaza esté debidamente presupuestada; y iii) La realización previa de un concurso público de méritos, para la cobertura de dicha plaza.

¿Cómo deben proceder las entidades públicas a las resoluciones judiciales de deben ser ejecutadas?

Al respecto, el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, dispone la obligación de acatar y dar cumplimiento de manera íntegra a las decisiones judiciales que son emanadas por la autoridad competente, por lo que se desprende que las entidades vinculadas a una resolución judicial debe efectuar todas las gestiones que sean necesarias para darle un estricto cumplimiento.

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